La dignidad de los Estatales frente a los despidos y recortes salariales

En un escenario donde la crisis económica golpea cada vez más a los sectores más vulnerables, los trabajadores y trabajadoras estatales han decidido alzar la voz ante un nuevo ataque contra sus derechos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta al anuncio de 2.400 despidos y una reducción salarial de hasta el 50% para otros 2.000 trabajadores. Este ajuste, una vez más, refleja una política económica que parece priorizar la austeridad sobre la justicia social.

La dirigente de ATE Justicia y DDHH, Paola Pedroncini, no dudó en expresar la indignación de sus compañeros: “Ellos nos quieren doblegados, trabajando sin protestar, mientras que por otro lado nos vienen saqueando el sueldo, nos dejan a compañeros y compañeras en la calle. ¿Quién carajo se creen que son?”, dijo enérgicamente durante la manifestación.

El gobierno nacional, en un intento por racionalizar gastos, ha decidido aplicar medidas que afectan directamente a los trabajadores más comprometidos con la construcción del Estado. Los despidos y recortes salariales no solo suponen un golpe a la estabilidad laboral, sino que profundizan la desigualdad social, debilitando a quienes se encuentran en el frente de la administración pública.

La protesta de ATE no solo se centra en los despidos, sino también en una lucha más amplia contra una política de hambre, ajuste y miseria que se ha instalado en la agenda nacional. Pedroncini agregó con firmeza: “Vamos a pelear como lo hicimos siempre, como lo venimos haciendo en cada sector y vamos a seguir porque esa resolución que sacaron antes de ayer se la tienen que meter en el culo porque nosotros somos dignos, somos trabajadores, no somos casta”.

Esta lucha reivindica que los trabajadores estatales no son meros números en un presupuesto estatal, sino los cimientos que sostienen las estructuras de servicio público. Es fundamental reflexionar sobre el impacto de estas medidas y la necesidad urgente de garantizar que los derechos laborales no sean la variable de ajuste para una gestión que debería priorizar la equidad y el bienestar social.

Los trabajadores del Estado han demostrado una y otra vez su capacidad de organización y resistencia. En este nuevo capítulo, la consigna es clara: no hay marcha atrás. La dignidad de los trabajadores no está en venta, y la protesta es solo el primer paso para recuperar lo que les corresponde. Es imperativo que el gobierno reconsidere estas medidas antes de que la brecha entre los trabajadores y el poder se haga irreversible.