El Gobierno de Milei llama “idiotas” a personas con discapacidad

Una nueva polémica ha estallado en el ámbito social y político luego de que se divulgara un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigido por Diego Spagnuolo, que ha causado indignación por su lenguaje despectivo y discriminatorio. En el anexo de la Resolución 187/2025, que define el reparto de pensiones no contributivas para personas con invalidez, el gobierno de Javier Milei utiliza términos considerados completamente obsoletos y humillantes para clasificar a las personas con discapacidad.

El documento, que debería ser un mecanismo de inclusión, utiliza expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para categorizar a las personas con discapacidad, basándose en su coeficiente intelectual (CI). Las categorías definidas son las siguientes:

• 0-30 (idiota): personas que no atraviesan la etapa glósica, no leen ni escriben, no conocen el dinero ni controlan esfínteres, y no pueden subsistir por sí solas.

• 30-50 (imbécil): personas que no leen ni escriben, pero pueden realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas.

• 50-60 (débil mental profundo): personas que solo firman, tienen vocabulario simple, no manejan el dinero, pero realizan tareas básicas.

• 60-70 (débil mental moderado): personas que leen, escriben, conocen el dinero y pueden realizar trabajos simples.

• 70-90 (débil mental leve): personas que cursaron la primaria, algunas la secundaria, y pueden realizar tareas de mayor exigencia.

Este tipo de clasificación no solo es un retroceso, sino que demuestra una clara incapacidad para gobernar en beneficio de todos. La adopción de un lenguaje tan hiriente y despectivo revela la falta de sensibilidad del gobierno de Milei, que lejos de fomentar la inclusión, opta por profundizar la discriminación. No solo se les quitan derechos fundamentales a las personas con discapacidad, sino que, además, el gobierno las considera de forma despectiva, tildándolas de "imbéciles" e "idiotas", y minimizando sus capacidades humanas y sociales.

La repercusión fue inmediata y rotundamente negativa. Diversos sectores de la sociedad han expresado su repudio. Eduardo Quiroga, abogado especializado en derechos de personas con discapacidad, calificó las expresiones del documento como una violación directa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En sus palabras, estas expresiones “refuerzan la discriminación” que históricamente han sufrido las personas con discapacidad en el país.

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), fue aún más contundente, calificando el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”. Troiano señaló que el lenguaje utilizado no solo es anticuado y peyorativo, sino que refleja un desconocimiento profundo de las personas con discapacidad y de las normativas nacionales e internacionales sobre cómo referirse a ellas.

Cabe destacar que hace más de dos décadas, la comunidad internacional adoptó estándares que rechazan categóricamente estos términos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, firmada por Argentina en 2008, establece que la discapacidad no impide el trabajo ni la participación plena en la sociedad, sino que son las barreras sociales las que limitan la inclusión. La utilización de estos términos contraviene dicho marco internacional, mostrando la desconexión del gobierno de Milei con los principios fundamentales de dignidad e igualdad.

Esta situación evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables. Un gobierno que clasifica y discrimina a las personas con discapacidad de esta manera no está preparado para liderar un país inclusivo, justo y respetuoso de la diversidad.