El fiscal que investiga la estafa cripto de Milei tiene un hijo en el Gobierno

La polémica en torno a la estafa cripto promovida por el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo, ahora con un giro judicial que pone en duda la transparencia del proceso. El fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Taiano, tiene un vínculo directo con el Gobierno Nacional: su hijo, Federico Taiano, ocupa un cargo clave en la Jefatura de Gabinete desde 2024. Este dato abre interrogantes sobre la imparcialidad de la causa y expone un posible conflicto de intereses que, en circunstancias normales, debería derivar en su remoción.

El caso, que investiga la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, recibió un sacudón este jueves cuando la jueza federal María Servini se apartó de la causa y la delegó en Eduardo Taiano. Sin embargo, su designación generó controversia inmediata. Su hijo Federico, que trabajó con Cristian Ritondo, fue nombrado por el Gobierno al frente de la "Unidad Bienes Decomisados", un área creada especialmente para él y que responde directamente a Guillermo Francos, uno de los principales funcionarios de Milei.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede garantizarse la independencia de una investigación en la que el principal acusado es el propio presidente, cuando el fiscal tiene lazos familiares directos con el mismo gobierno que debería investigar? El antecedente no es menor, especialmente si se considera que Eduardo Taiano ya tuvo en sus manos otras causas sensibles para el oficialismo. A fines de 2023, por ejemplo, investigó a Cristian Ritondo por la tenencia de casi 400 propiedades sin declarar y sus presuntas conexiones con sociedades offshore, a pesar de que el propio Ritondo había sido el jefe político de su hijo en la Provincia de Buenos Aires.

Pero la causa por la estafa de $LIBRA no solo pone el foco sobre el fiscal y su posible falta de independencia. También deja otra gran incógnita flotando en el aire: ¿por qué una de las principales acusadas mediáticamente, Karina Milei, quedó fuera de la investigación? Hasta ahora, la Justicia no ha avanzado sobre la hermana del presidente, pese a que su figura ha sido señalada en múltiples oportunidades como una de las impulsoras del esquema fraudulento.

Mientras la crisis política crece, la falta de certezas sobre la investigación genera sospechas y alimenta el descontento. ¿Se tratará de otro caso de impunidad? ¿O la presión pública logrará que la Justicia actúe con independencia? Por ahora, las respuestas siguen pendientes.