Despidos masivos y ajustes laborales: Más motosierra para estatales

El gobierno de Javier Milei ha desencadenado una serie de medidas que incluyen el despido de 2.800 trabajadores del Estado, a pesar de que un altísimo porcentaje de estos empleados aprobó los exámenes de idoneidad impulsados por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Este contexto pone en evidencia el claro aprovechamiento de la situación para reducir el gasto público a costa de derechos laborales fundamentales, bajo el argumento de optimizar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la administración está dejando de lado los principios básicos de justicia social y equidad, reemplazándolos por una lógica de ajuste que afecta a quienes han sostenido la maquinaria del Estado durante años.

El Régimen de Retiro Previo a la Jubilación (RPJ), implementado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, también se ha considerado un nuevo mecanismo para aplicar a los trabajadores del sector público. Este régimen ofrece una suma no remunerativa adicional, equivalente a la remuneración bruta mensual más un 10% adicional durante hasta 60 meses. Sin embargo, el beneficio es temporal, y la principal limitante es el "hasta" que marca un periodo de 5 años, lo que genera la sensación de que el gobierno busca quitar derechos y evitar el pago de lo que corresponde a los trabajadores en términos de compensaciones y jubilaciones.

Uno de los aspectos más controversiales del RPJ es que aquellos empleados que se adhieran al régimen pierden el derecho a la compensación por servicios cumplidos. Este es un beneficio que muchos trabajadores han ganado a lo largo de su carrera, pero que ahora se ve como una carga para el Estado. Además, estos empleados no podrán reingresar a la Cámara de Diputados en los próximos 5 años. Las restricciones se extienden a la posibilidad de reempleo en el sector público en general, excluyendo solo los cargos electivos. Este tipo de condiciones parecen una manera de cortar los derechos laborales de forma sistemática, mientras se siguen despidiendo a trabajadores con más de una década de servicio y experiencia.

El régimen también presenta un futuro incierto para aquellos que se adhieran, pues, si bien podrán acceder a un retiro anticipado, deberán iniciar el trámite jubilatorio dentro de los 30 días corridos posteriores al cumplimiento de la edad jubilatoria. De no hacerlo, perderán la diferencia entre el incentivo del RPJ y la jubilación de ANSES, lo que también deja claro que el gobierno no está dispuesto a otorgar ningún tipo de beneficio adicional que no sea estrictamente necesario.

Lo que se visibiliza con estas medidas es una clara estrategia de recorte, que no solo afecta la estabilidad laboral de los empleados públicos, sino que también refleja el desdén por los derechos adquiridos a través de años de servicio y sacrificio. Estos despidos masivos, bajo la justificación de la "desburocratización", dejan entrever que el gobierno opta por nuevas formas de precarización, buscando reducir el gasto público sin importar las consecuencias sobre los trabajadores que han sostenido durante años los servicios del Estado.

Mientras el gobierno presenta estas medidas como parte de un "ajuste" necesario para hacer más eficiente al Estado, lo que realmente está en juego es el bienestar de miles de empleados públicos que se ven forzados a aceptar condiciones laborales cada vez más precarias, sin garantías de reempleo y con una jubilación que cada vez parece más lejana.

Los 2.800 trabajadores que serán despedidos a nivel estatal no son números, son personas que han puesto su esfuerzo y dedicación al servicio del país, y ahora enfrentan un futuro incierto debido a la insensibilidad del poder político ante sus derechos.

El gobierno también parece estar tomando ventaja de una situación económica complicada para deshacerse de los "cargos" que considera innecesarios, sin tomar en cuenta el impacto que esto puede tener a nivel social. La administración no parece entender que detrás de cada puesto de trabajo hay una historia personal, familias que dependen de ese salario y profesionales comprometidos con su labor. Lo que es aún más grave es la falta de un plan claro para garantizar que los despedidos tengan acceso a otros trabajos o a la posibilidad de reintegrarse al sector público en el futuro. Es evidente que el Estado no puede seguir funcionando bajo estos parámetros de precarización laboral.

Fuente Info Gremiales