Cemento sin destino: ¿El gobierno compensa a Loma Negra con tierra pública?

En medio de una crisis profunda del sector de la construcción y con una de las principales cementeras del país reportando pérdidas del 24% en el último año, una decisión administrativa pasó casi desapercibida, pero encendió las alarmas entre analistas y actores del sector portuario: la Administración General de Puertos S.A.U. convocó a un procedimiento para otorgar en uso 2.000 m² de terreno estatal en el Puerto de Buenos Aires a la firma Loma Negra.

La superficie está ubicada en la estratégica Dársena F, una zona codiciada por su salida directa al río y cercanía con nodos logísticos clave. Según el Boletín Oficial del 7 de abril de 2025, se trata de la Parcela N39 d, actualmente libre de ocupación. La empresa ya opera en ese mismo sector y figura como única solicitante del permiso de uso, bajo el expediente EX-2023-153255051-APN-MEG#AGP. Ver publicación oficial

Un movimiento que plantea más dudas que certezas

Loma Negra es proveedora histórica de cemento para obras públicas. Pero la drástica decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar casi toda la obra pública hundió la demanda: en su último balance, la firma informó una caída interanual del 24% en sus ventas.

Al mismo tiempo, el grupo InterCement —dueño de la cementera— busca desprenderse de su operación argentina. En ese contexto, ¿por qué una empresa en crisis busca expandir su infraestructura portuaria?

Una hipótesis toma fuerza en sectores políticos y empresariales: este “permiso de uso” podría funcionar como una compensación encubierta. Una ayuda del Estado a un proveedor estratégico sin recurrir a subsidios directos ni exenciones impositivas, pero con efectos similares.

Un funcionario con despacho en el área económica, que pidió reserva de identidad, lo expresó sin rodeos:

“Sabemos que nuestras políticas le hicieron perder mucha plata a la empresa. Para mí, lo que le tiraron fue un hueso.”Y luego, entre risas, agregó:“Aunque más que un hueso… parece una bolsa de alimento. De las premium.”

Más poder en el puerto, menos competencia

Desde lo formal, la cesión se enmarca en el Reglamento de Uso y Explotación de Espacios Portuarios (RESOL-2022-101-APN-MEG#MTR) y en el Régimen Tarifario vigente. Sin embargo, los detalles del canon a pagar no fueron publicados, y no se detalla ningún mecanismo claro de competencia abierta.

Y aunque el proceso prevé la presentación de otras propuestas durante 30 días, la empresa figura como única solicitante, lo que refuerza la percepción de una adjudicación anticipada.

Además, según fuentes portuarias, Loma Negra ya cuenta con instalaciones en esa misma dársena, y esta nueva concesión ampliaría significativamente su superficie operativa en un área clave para la logística nacional.

En términos prácticos, este permiso no es un subsidio, pero tampoco es neutral: ceder un terreno fiscal valioso a una empresa en venta podría mejorar su valuación y atractivo logístico ante posibles compradores.

Lo que falta saber

Este movimiento discreto plantea más preguntas que respuestas:

• ¿Cuántas otras empresas han recibido predios similares sin licitación abierta?

• ¿Hubo conversaciones previas entre funcionarios y directivos de Loma Negra?

• ¿Cuál será el canon o tarifa que pagará por este espacio?

• ¿Qué uso real le dará la empresa en el corto plazo?

• ¿Se evaluó el interés de otras firmas para competir por el predio?

  
  

Un pasado con sombras y sangre: Loma Negra y la dictadura militar (1976–1983)

Loma Negra era, durante la dictadura, la cementera más grande del país y una de las principales empresas del grupo económico fundado por Amalia Lacroze de Fortabat, una de las mujeres más ricas y poderosas de Argentina.

Si bien en esa época muchos grandes grupos económicos tuvieron vínculos estrechos con el poder militar, el caso de Loma Negra se destaca por su gravedad y por un hecho puntual que se convirtió en emblema: el asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno.

El caso Carlos Alberto Moreno

• Carlos Alberto Moreno era abogado laboralista, asesoraba a sindicatos y trabajadores en Olavarría, y había logrado ganar un juicio contra Loma Negra en favor de empleados despedidos.

• El 29 de abril de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas, que incluía a personal de la policía bonaerense y habría actuado con conocimiento de directivos de la empresa.

• Su cuerpo apareció días después con señales de tortura y ejecución. Había sido "chupado" (detenido ilegalmente) en el marco del terrorismo de Estado.

  
  

  

  
  

Causa judicial y acusaciones

A partir del año 2000 y especialmente tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, el caso fue reabierto por la Justicia Federal argentina.

Las investigaciones judiciales plantearon que:

• Directivos de Loma Negra habrían tenido participación o conocimiento del accionar represivo.

• El móvil del crimen estaría relacionado con el juicio laboral ganado por Moreno contra la empresa.

• Se investigó también el uso de instalaciones de la cementera por fuerzas de seguridad para detenciones ilegales, aunque esto no pudo probarse con contundencia judicial.

Ningún directivo fue condenado, pero el caso marcó un precedente en la discusión sobre la responsabilidad civil y empresarial durante el terrorismo de Estado.

Memoria y reclamos

• El caso de Moreno fue incluido en informes de organismos de derechos humanos como el CELS y en el Nunca Más.

• En Olavarría se realizaron actos de memoria y reclamos públicos para que la empresa reconozca su responsabilidad histórica.

• Sin embargo, Loma Negra y sus dueños nunca emitieron una disculpa pública ni reconocieron ningún vínculo con crímenes de la dictadura.

Un modelo más amplio: empresarios y dictadura

Loma Negra no fue la única. Otras grandes empresas como Acindar, Mercedes-Benz, Ford, La Veloz del Norte y Techint también fueron investigadas por su rol en la represión, especialmente en lo que se conoce como la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

Estas causas forman parte de un debate aún abierto en Argentina: ¿qué responsabilidad tienen las empresas que se beneficiaron económicamente de la dictadura o colaboraron con el aparato represivo?

Volviendo a Milei ¿Compensación, estrategia o privilegio?

Mientras el gobierno impulsa un ajuste brutal que dejó paralizadas miles de obras y a decenas de miles de trabajadores sin empleo, una empresa con caída de ingresos, en pleno proceso de venta, y vínculos históricos con el Estado, accede silenciosamente a un nuevo predio portuario sin competencia visible.

En un país donde la transparencia suele llegar tarde —o no llegar—, esta historia merece ser contada. Y sobre todo, merece respuestas.